El periodista expuso una denuncia con documentos, audios y nombres que fue archivada. Foto: Mauricio Zina/FocoUy
El periodista Jorge Bonica presentó públicamente una extensa investigación que habría comenzado hace más de tres años, a partir del contacto de un recluso que confesó ser parte de una banda internacional de estafadores. Según relató Bonica, el joven detenido le brindó detalles, nombres y pruebas que indicarían el pago sistemático de coimas a jerarcas policiales y políticos uruguayos, a través de triangulaciones bancarias, cuentas digitales y financieras locales.
Entre los nombres mencionados por el denunciante —identificado como Cristian Martin— figurarían el exministro del Interior Eduardo Bonomi, el exvicepresidente Raúl Sendic, el inspector general Luis Mendoza y otros jerarcas. Las cifras, según indicó el periodista, eran específicas y estaban respaldadas por documentos: desde $5.000 hasta medio millón de dólares, según el caso.
Bonica explicó que logró obtener más de cien documentos, incluyendo transferencias, recibos y datos que vincularían pagos a través de RedPagos, Mi Dinero, ScotiaBank, Cambios Gales y PayPal. Todos estos elementos habrían sido entregados a la fiscal Estela Alciaturi, en ese entonces a cargo del caso.
El denunciante, que ya cumplía condena por estafa, habría declarado voluntariamente ante fiscalía, bajo condiciones especiales de seguridad debido a que temía por su vida. Según Bonica, el propio Martin pidió que su traslado a declarar no fuera vinculado a una denuncia formal, para evitar represalias dentro del sistema carcelario. La fiscal accedió a esa solicitud, bajo el argumento de preservar la integridad del recluso.
Pese a la magnitud del caso y a las pruebas presentadas, según relató Bonica, la fiscal habría decidido no enviar los oficios necesarios para verificar la veracidad de las transferencias y movimientos financieros mencionados. Esa decisión fue luego confirmada por un documento reservado al que accedió el periodista, donde constaría que el caso fue derivado directamente a Asuntos Internos, sin solicitar ninguna diligencia adicional.
El denunciante, tras declarar, fue trasladado al módulo 11 del CONCAR, considerado uno de los más peligrosos del sistema penitenciario. Bonica denunció que allí intentaron quemarlo vivo, y que debió ser reubicado en otro sector por gestiones directas del entonces ministro Jorge Larrañaga.
El periodista expresó que, pese a la gravedad de las acusaciones, el caso fue finalmente archivado. Según su relato, esto ocurrió bajo la fiscal Domínguez, quien asumió tras el traslado de Alciaturi a Soriano. La resolución judicial se produjo sin que se confirmaran las pruebas presentadas por Bonica y el denunciante.
En la investigación también se mencionan presuntos vínculos con una banda de estafadores de origen ruso, cuyos miembros —según la denuncia— ingresaron al país sin ser detectados por Interpol, gracias a un supuesto “arreglo” que evitó que saltaran las alertas migratorias. Bonica incluso habría viajado hasta Piriápolis para verificar su presencia en el lugar donde estarían alojados.
Aunque el caso ya fue cerrado por la justicia, Bonica anunció que pedirá una copia completa del expediente en Rivera y volverá a difundir la información, convencido de que “las pruebas están” y que la denuncia fue ignorada.
Desde su canal, el periodista reafirmó su compromiso con la investigación, agradeciendo a quienes le brindaron información y asegurando que no se trata de una simple denuncia más, sino de un caso que —según sus palabras— “expone cómo funciona la impunidad cuando se toca a los de arriba”.
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